ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE BASE MUNICIPAL

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE BASE MUNICIPAL

José Noé Mijangos Cruz

Contrario a lo que se quiera sostener, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tienen la encomienda de beneficiar el desarrollo de las regiones para el establecimiento de la inversión extranjera directa (IED), la aplicación de tecnología con destino al valor agregado local, la creación de figuras legales que armonicen la legitimidad de los actores que tengan como principal aprovechamiento el fortalecimiento del capital social, la visión a largo plazo que sostengan proyectos que rebasen el periodo de gobierno municipal y la sostenibilidad del ahorro a partir de la inversión con base en el control regulado de la mano de obra competente.

Las ZEE no son artilugios decorativos en el escenario político, de hecho, son la disposición de planeaciones públicas que deben permitir la regulación municipal o intermunicipal en donde la federación descongestione su interés monopolizador de exacción fiscal y permita un manejo de afinidad productiva en los municipios que al no tener gravadas las actividades productivas participen con su capital social en las mejoras industriales que mayormente rentabilicen las pequeñas y medianas empresas.

Foto: Alberto López Morales

Los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, tal y como los definen las normas constitucionales y legales de la nación y del estado oaxaqueño, de conformidad con la política de incentivos que el gobierno mexicano intenta pregonar con la creación de las ZEE, no alcanzan a ser considerados como fuentes de inspiración endógena que cultiven el respeto por los recursos naturales, fortalezcan la capacidad social y empresarial de la región, obtengan la autorización de los pueblos originarios que en congruencia con el trato diferenciado legítimo asciendan de entre la obediencia instrumentada desde las ciudades y se priorice su bienestar en los núcleos en donde aún aportan su participación social: la comunidad rural.

En ese sentido, la tarea del legislador, en consonancia con la división de poderes del Estado mexicano, lo remite a propiciar el ingenio que se necesita satisfacer en los instrumentos legales cuya apertura comercial en los municipios y desde los municipios haga factible la versión de desarrollo regional centrada en provincias con necesidades especiales, y en donde los subsidios se destinen a la infraestructura material que facilite la regularización territorial, el mejoramiento de la calidad de vida y la producción a escala de exportación.

El diseño de protección a la inversión por medio de fianzas y seguros, así como la posibilidad de permitir la salida controlada de las utilidades a las empresas extranjeras, conlleva una idea de unidad de producción en donde los municipios tengan como medida territorial dictar las políticas públicas de aprovechamiento de los recursos, desde la especialización de sus unidades económicas y ya no desde la rentabilidad de una producción macro, para la ampliación de una sola ciudad, en menoscabo de la periferia a la que no le es permitida resurgir con efectos competitivos, pues la política nacional sólo la usa como referente comparativo. El efecto de este tipo de políticas discriminatorias, se parece en estos casos, a los pixeles de los planos virtuales que invisibilizan las experiencias micrométricas después de ser avistado el nodo-ciudad.

En el Istmo de Tehuantepec existen claras unidades de producción comunitaria que necesitan tener un enlace institucional que opere como integrador de las experiencias territoriales. Tal es el caso del corredor Tehuantepec-Salina Cruz. En ese tramo territorial se halla la mayor disputa sobre la tenencia de la tierra que es un fenómeno incongruente con la base federal de las ZEE. En ese modelo rural que involucra algunas agencias de Tehuantepec con salida al Pacífico, la base municipal debería ser la opción, pues al recargar en Salina Cruz algunas planeaciones industriales por su ubicación como refinería, deja en estado de indefensión al municipio de Tehuantepec que no ha podido solventar factores de sustentabilidad si no es solamente en forma de subsidios temporales que terminan en bolsillos de líderes asignados (sin legitimidad) desde el gobierno del estado. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los pescadores ribereños, cuyos líderes propician bases electorales y no destinan la inversión a los fines para los cuales fueron beneficiados con participaciones federales.

Twitter: @JNMIJANGOS

(Publicado en +Noticiasnet.mx Voz e Imagen de Oaxaca, 10/02/2017, p. 7A)