viernes, 9 de octubre de 2015

DISPENDIO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DISPENDIO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

José Noé Mijangos Cruz

Con justicia, no podemos predecir qué fuerza motiva a los grupos humanos a modelar un discurso de prioridades sobre lo que conviene a una composición más grande, como puede ser el caso típico de las naciones con fronteras o espacios de negociación cerrada (territorial). No sabemos qué motivaciones contempla tal destino humano, pero el caso es que de alguna manera u otra (en forma planeada o espontánea) el gasto público se va de las manos de los detentadores primarios a una serie de líderes visionarios que se las arreglan para que llegue a su destino de manera real o por lo menos virtual.

El dinero sale de alguna parte, y en alguna parte se esfuma. Los dispendios garantizan que se cumpla con una sociedad política que arribe al poder desde miras amplias, sin que se estanque en críticas poquiteras o domésticas, pues la macroeconomía no es cosa de juego y menos una especulación del mercado que hace hostil el nivel adquisitivo de los de a pie. Sólo nos queda pensar, si esa sociedad política, que debería ser el vivo reflejo de la sociedad civil, es una manera de reconocerse a sí misma como una garantía de manejos de los recursos legítimos, y legales, por supuesto.

El servicio público es el recurso de donde se oferta el cumplimiento de tales medidas presupuestarias y del modo de manejarlas. Ante esa muralla (vista por el usuario como inaccesible), se orienta un desalentador modo escasamente genuino de proceder: la corrupción. La corrupción endógena (vamos a decirle interna) genera improcedencias de favorecer el servicio si se desconocen derechos de terceros, realizar un gasto innecesario o cuantioso o un gasto con beneficio personal, cometer actos con la complicidad de otras instancias administrativas. La corrupción exógena (vamos a llamarle externa), plantea la relación de aprovecharse del beneficio colectivo a través de un desvío de esos criterios sociales de selección de los servicios que presta el Estado. Hace mucho yo le di el nombre de “aprovechamiento ilegítimo”, pues es muy complicada su detección e investigación. Económicamente cuesta dinero, excesivamente, se diría, dado el altísimo nivel de práctica de este fenómeno. He ahí la idea de que se convirtiera en un “ilícito penal”, pues el enriquecimiento ilícito no ventila la magnitud que el aprovechamiento ilegítimo si resalta.

El arribo de esa clase especial de líderes formados por coterráneos (el ejemplo más visible es el del grupo Atlacomulco), coetáneos o contemporáneos (hace muchos años Roderic Ai Camp, se dedicó a estudiar a la clase política mexicana), permite traducir su visión de gobierno en una respuesta favorable para la población a la que se debe. De ahí que se sostenga que cada espacio geográfico debe arreglarse a los modos de intercambio de sus regiones y zonas de influencia. Podríamos decir, que decidir cómo se gobierna, dirá mucho del traducir cómo se sitúan en espacios de influencia los pobladores de dicha circunscripción.

Se ha dicho con insistencia, que un consumidor exigente, priva la acción influyente de los pobladores donde se sitúan los nichos económicos, pues de no ser éste el caso, entonces, la inversión ha sido condicionada por los modelos económicos especulativos, que visto desde ese ángulo, pueden desencantar no sólo la actividad del consumidor local, sino que incluso amagan su dinámica participativa desde la disminución de productos locales o peor aún, pudiera generar resistencia grupal a esos intereses (la mayoría de las veces, monopólicos) dando como consecuencia apatía, paros laborales, paros ocasionados por la sociedad civil inconforme, cierre temporal de establecimientos, y llegado el caso, atentar contra los medios de la producción que son la fuente de superioridad capitalista.

En el pasado, se han cometido muchos desarreglos a la normatividad que rige el gasto público. La política de los subsidios hoy no sólo es mal vista, sino que para los operadores presupuestales se requiere de la supervisión del gasto desde instancias fiscales más cautelosas. En todo caso, un arreglo fiscal a formas que deberían verse reflejadas como cosa común y corriente (una pantalla plana otorgada por programas asistenciales se considera como un acceso a la educación), es más que suficiente en estos asuntos. Ante ello, las oficinas gubernamentales admiten formas pragmáticas de comunicar los bonos que otorga la nación a diversos núcleos económicos, suavizando los conflictos de intereses.

Twitter: @JNMIJANGOS

(Publicado en +Noticiasnet.mx Voz e Imagen de Oaxaca, 23/09/2015, p. 12A, replicado en NOTICIAS Voz e Imagen de la Cuenca, p. 8A)


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