José Noé Mijangos Cruz
La garantía de hacer mejor el
reparto de la riqueza nacional, empezando por quien asume el nivel más alto de
decisión en cualquier país, comienza por desterrar el revanchismo hacia quienes
ofrecieron su interés por consolidar lo que hoy somos como nación.
El futuro presidente Andrés
Manuel López Obrador debe admitir que la democracia que lo eligió espera un
diligente mecanismo legal para eliminar las pensiones de ex presidentes, pues no sería congruente con un Estado de
Derecho usar el poder del gobierno para aventajarse en contra de los intereses
de ex presidentes.
Durante su campaña, Andrés Manuel
insistió una y otra vez en eliminar la partida destinada a ex presidentes.
Enfatizó en más de una declaración que la pensión que reciben los ex
mandatarios se trata de un acuerdo presidencial de recíproco beneficio al que
queda en deuda el gobernante en turno, situación que su gobierno no permitiría
e inclusive extinguiría, lo que ha llegado a calentar el ambiente de electores
deseosos de que eso pase en forma determinante, aún a costa de pasar por encima
de la rendición de cuentas, el escrutinio público y la imagen presidencial.
Para quienes apoyan la
eliminación de la partida, la pensión otorgada a los ex presidentes es una
desproporción financiera que pudiera ser utilizada en otros fines, pero la
riqueza compartida con los ex presidentes es una situación que les garantiza
condiciones de vida cercanas a las que tuvieron cuando fueron máximos
gobernantes de este país.
Si bien es cierto que algunos ex
presidentes donan el ingreso proveniente de su pensión a fundaciones y otros
reciben ingresos por su carácter de consultor u otras ocupaciones, lo verdadero
desde el punto de vista legal, es la legitimidad de merecer ese ingreso. La
última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La pensión es una garantía legal
a cualquier función pública que represente años suficientes de servicio, aunque
tratándose de presidentes de una nación, la relevancia de esa función
compromete esa suficiencia debido a la importancia del cargo por ser la cúspide
de un sistema presidencial que funciona legislando. El gran legislador es el
presidente de la República, de ahí su deseable retribución permanente, aunque
conlleve el signo distintivo del despilfarro institucional. La tarea de López
Obrador será ocuparse de eliminar la pensión a ex presidentes con los medios
legales que tiene a su alcance, no los que puede hacer especialmente para
restarle importancia a la acción legal contraria. Buscar una ley para un
destinatario especial, se convierte en ley injusta.
En conclusión, no se trata de
abonar en beneficio de algún ex presidente, sino de dejar claro que el
ejercicio de las libertades es lo más importante para la credibilidad entre
electores que vieron a AMLO como garante del cambio, y quienes ven a López
Obrador como algo que puede tener sentido en tanto se logre la oferta electoral
que convenció a esa mayoría aplastante. Muchos miramos con interés que esos
discursos motivadores que AMLO dirigió para una gran población, frenaran a
partidos políticos que ya nos habían gobernado pero no mantenían su legitimidad
inicial, incluso muchas votaciones nacionales evidenciaron que esos presidentes
llegaban con porcentajes apenas suficientes para enfrentar los retos de una
mayoría.
El aparato legal es esa
maquinaria que crea instituciones, moviliza intereses y organiza la
distribución de los recursos, pero que los mexicanos nunca la hemos visto
funcionar con decoro, agilidad y efectividad. El primero de diciembre nuestra
esperanza es que ese aparato legal deje de traficar con influencias, reponga
los incentivos sociales y haga que los que menos tienen puedan obtener
beneficios radicalmente iguales a los que más tienen.
Twitter: @JNMIJANGOS
(Publicado en El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/noe-mijangos/nacion/pensiones-ex-presidentes-parasito-necesario en +Noticiasnet.mx Voz e Imagen de Oaxaca, 02/08/2018, p. 6A)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario